El gobierno suprimira los blindajes antiopa de las empresas cotizadas

Leo con estupor una critica en el diario digital El Economista, malintencionada y sectaria, en la que comparan a Zapatero con el rey absolutista Luis XIV. Considero incomprensible (salvo que haya intereses creados detras de la noticia) criticar a Zapatero por eliminar los blindajes de las empresas en un ejercicio absoluto de democratizacion de las mismas, y en uno de los pocos aspectos en que puede favorecerse al pequeño inversor aunque sea de manera indirecta.
Vayamos por orden, en determinadas empresas existen determinados blindajes anti-opa (a mi modo de ver absolutamente ilogicos y posiblemente contrarios al espiritu de las leyes de empresa) destinados basicamente a proteger el sillon de los jerifaltes...

... de las mismas. No alcanzo a entender a quien pudo ocurrirsele permitir el desatino de que alguien con el 51 % de las acciones no pueda tener el poder de decision de una empresa, ni siquiera en algunos casos con el 85 % (aunque los blindajes antiopa esten muy extendidos e internacionalizados.)
Los blindajes anti-opa que el gobierno quiere suprimir limitan el voto de los accionistas a un determinado porcentaje, tenemos ejemplos en empresas como Iberdrola, Repsol, Banco Popular o Telefonica, concretamente en las 4 citadas se limita el voto al 10 % independientemente de la participacion que se tenga en la sociedad.
Supongo que os preguntareis en que medida perjudican los blindajes antiopa a los accionistas minoritarios, la respuesta es sencilla, ninguna empresa lanzara una Opa sobre otra en que este limitado el voto por ejemplo al 10 %, ya que aunque consiga una participacion mayoritaria no lograria el control de la sociedad, el motivo primigenio del 90 % de las opas hostiles (sin el consentimiento del consejo de admistracion de la empra opada) que suelen lanzarse. Como bien sabeis, y sino os recuerdo ejemplos como Endesa (41 euros) y Union Fenosa (17 euros?), los mayores beneficiados ante una opa hostil, que suelen llevar una importante prima sobre el precio de cotizacion de una accion, son los pequeños accionistas que obtienen grandes revalorizaciones en un corto periodo de tiempo.
Pero la lectura que da El Economista a la supresion de los blindajes antiopa por parte del gobierno es que quiere favorecerse a determinadas empresas que tienen importantes porcentajes en compañias blindadas. Si abogaran por la logica en lugar de encenegarse con criticar a Zapatero se darian cuenta de que es logico que a mayor participacion en otra empresa se tenga mayor representacion en el consejo de administracion. Otra cuestion diferente es que Sacyr quiera cambiar el rumbo de Repsol incrementando el dividendo simplemente porque le interesa por su elevada deuda, algo que no consigue por el blindaje antiopa de Repsol, pero si una actuacion asi resulta perjudicial para el pequeño accionista lo que deberia hacerse es regular de alguna forma este tipo de actuaciones.

A continuacion os copio y pego el articulo aparecido en El Economista y otro mas logico (por una vez) aparecido en el Expansion. Quiero señalar que habitualmente prefiero el diario El Economista y que no soy proZapaterista, aunque tampoco soy partidario de criticar al gobierno por sistema.

Zapatero impone manu militari suprimir los blindajes de las cotizadas - El Economista

"El Estado soy yo". Esta frase atribuida a Luis XIV, parece inspirar ahora la política del presidente Rodríguez Zapatero. O, al menos, eso es lo que se desprende de la tramitación de la enmienda introducida por el Grupo Socialista a la Ley de Sociedades Anónimas por la que se elimina la limitación al número máximo de votos que puedan emitir los accionistas, además de suprimir los cláusulas estatutarias o "blindajes" de las sociedades cotizadas en las que se establezca esta limitación. Iberdrola incorporó ayer a dos nuevos consejeros dejando fuera de nuevo a ACS.

La enmienda, que supone dar vía libre a las ofertas públicas de adquisición (las llamadas opas hostiles) ha abierto un nuevo frente interno en el Gobierno y el PSOE, donde confirman que nadie en el Grupo Parlamentario, excepto el portavoz, José Antonio Alonso, conocía la medida, que se incorporó en el último momento y por orden directa de Moncloa.

Pero Zapatero no sólo ha ignorado a su partido. También lo ha hecho con la mayoría de los miembros del Gobierno, incluida la propia vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que ni fue consultada, ni se lo esperaba.

Dirigentes socialistas, que no ocultan el malestar de la propia Salgado y de su equipo, recordaban ayer las declaraciones del ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, hace unos meses en las que acusaba a Zapatero de tratar a sus ministros "como a secretarias".

Desde el otro lado del espectro político, se limitan a constatar que materializarán su contestación a la medida en los próximos días, como hace el Grupo Popular; mientras que en CiU admiten que todavía no tienen una posición definida.

Más explícitas son las opiniones del mundo empresarial, que califican la decisión de Zapatero de "medida puntual" para apoyar las aspiraciones de ACS.

La intención de eliminar los blindajes de las empresas, a través de una enmienda del Grupo Socialista, ha caído como un jarro de agua fría en algunas compañías. ¿Por qué? Esta posible modificación en la Ley de Sociedades Anónimas puede desmontar la estructura de las empresas como si fuera un castillo de naipes.

Las principales compañías afectadas por la posible reforma son Repsol YPF, Iberdrola, Telefónica, Banco Popular y Sabadell, que tienen accionistas que sólo pueden votar por el 10%, al margen de la participación que realmente tengan en sus manos. Por su parte, Red Eléctrica y Enagás, los gestores de las redes energéticas, tienen sus derechos de voto limitados al 3 por ciento.

Sin embargo, en Repsol y en Iberdrola es donde la medida puede tener más transcendencia, debido a la lucha interna que libran sus presidentes, Antonio Brufau e Ignacio Sánchez Galán, con sus principales accionistas, Sacyr y ACS, respectivamente.

El programa electoral del Grupo Socialista ya recogía la propuesta de suprimir esta limitación. Sin embargo, el momento en el que se ha realizado la enmienda para modificar la Ley de Sociedades Anónimas ha sorprendido a todos, incluso a responsables del Ministerio de Economía y del propio Gobierno.

Y es que este tipo de movimientos nunca son gratuitos. De hecho, la tramitación se produce en un momento en el que Sacyr y ACS pugnan por ver mejor reflejadas sus participaciones en Repsol e Iberdrola, donde se han encontrado con la resistencia de sus presidentes. De un lado y de otro mantienen las espadas en alto, pero si prospera la reforma, la balanza se situaría a favor de las constructoras, que son presididas por los empresarios Luis del Rivero y Florentino Pérez.

Suprimir blindajes, ejercicio de libertad - Expansion

La decisión del Grupo Socialista de enmendar la Ley de Sociedades Anónimas para anular el blindaje de los derechos de voto que por estatutos tienen algunas empresas cotizadas españolas tendrá la virtud de acabar con una gran incoherencia en lo que debería ser una verdadera economía de libertad de mercado, sin distorsiones.

Como viene ocurriendo, los blindajes, entendidos como la limitación de los derechos de voto de un accionista cualquiera que sea el número de acciones y su participación en el capital, constituyen uno de los principales mecanismos defensivos de las empresas para entorpecer los intentos de compra hostil.

De esta guisa, las compañías suelen establecer que ningún accionista pueda disponer de un número de votos superior a un porcentaje del 10% del capital social, aunque la participación en el total del accionariado supere con creces dicho porcentaje.

Esta realidad representa un atentado a la esencia de la sociedad anónima, donde la propiedad de las acciones debería tener una justa proporcionalidad en la participación de la gestión y en la toma de decisiones de la compañía, lo que en la práctica se sustancia en el ejercicio del derecho de voto en la junta general.

La existencia de este tipo de blindajes se suele justificar como elemento defensivo frente a accionistas indeseados o como protección del interés nacional frente a compañías extranjeras en sectores considerados estratégicos.

Pero a menudo estas barreras parecen más diseñadas como coartada para perpetuar a los gestores y neutralizar ofertas que bien pudieran ser convenientes para el desarrollo de la compañía en vez de para garantizar los intereses de la propia compañía o de sus accionistas.

Es previsible que la supresión de los blindajes espolee muchas operaciones ahora inhibidas por su falta de interés y contribuya a una mejor formación de los precios en bolsa.

Por estas razones debe valorarse favorablemente la iniciativa del PSOE para eliminar los blindajes, cumpliendo uno de sus compromisos programáticos. No debe olvidarse que en 2006 fue recomendado por el Código Unificado de Gobierno Corporativo y que la Comisión Europa trató durante años de erradicar este tipo de barreras empresariales generalizadas en casi todos los estados miembros.

Bruselas debería seguir intentándolo si realmente aspiramos a una plena integración y a un genuino mercado único. El concepto de libertad económica debe alcanzar también al cambio de control de las empresas, sin menoscabo de que los reguladores y las autoridades de competencia velen por los intereses de accionistas y consumidores.

Muchos esgrimen el principio de reciprocidad con otros países antes de suprimir los blindajes; pero eso no obsta para que la iniciativa del PSOE esté bien orientada y, de salir adelante, sería una buena lección a la UE desde la presidencia de turno, que deberían imitar otros países.